¿Por qué yo no creo en las políticas socialistas del Frente Amplio y del PAC?



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El Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana (PAC) tienen en su  plan de gobierno un fuerte enfoque hacia el populismo y socialismo como el qué se ha aplicado en varios otros países latinoamericanos en las últimas décadas. Países como Perú, Bolivia, Argentina y Venezuela han introducido a su modelo económico ajustes estructurales que han tenido como norte un mejor repartimiento de la riqueza para así combatir la pobreza extrema, hambruna y opresión económica, entre otros males de la llamada lucha de clases. Observándolo desde este punto de vista preliminar, parece sumamente beneficioso y benévolo el enfoque que partidos como el FA  y el PAC le quieren dar al país. Se trata de un giro al estilo Robin Hood en donde se le intenta quitar al rico para darle al pobre y de esta forma intentar equiparar las clases sociales. Entiendo así porque muchos costarricenses cansados de gobiernos oportunistas y de políticos corruptos desean un cambio hacia esa dirección de igualdad económica y bienestar colectivo.

Los fines de una mejor distribución de la riqueza y de un  desarrollo integral para el país en todas sus clases sociales son en sí muy positivos. Por otra parte, los medios planteados por estos partidos para lograr tales metas no lo son. Estos medios han sido ya comprobados como ineficaces y hasta contraproducentes en su intención, produciendo problemas de desigualdad social y empobrecimiento de las naciones de manera exponencial como se intenta explicar por este medio.

Una de los asunciones claves del socialismo y populismo es confiar que un gobierno con diferentes actores es en sí, un gobierno diferente, menos corrupto y más eficaz para combatir los problemas sociales. El FA y PAC proponen gobiernos más grandes, ampliando de esta forma su poder y presencia en el mercado y los servicios para los ciudadanía (comprometiendo servicios que hoy ya están en competencia libre). Esto no solo tiene un fuerte impacto en las finanzas de los estados (debido a que al existir un gobierno más grande aumento la planilla estatal) sino que genera a su vez, más corrupción.

Según datos publicados por la BBC de Londres, Venezuela se encuentra entre los 10 países más corruptos del mundo de acuerdo a lo publicado en el último reporte del “Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (TI)”. Según el análisis, un gran causante del problema de la corrupción Venezolana es la concentración de poder de un estado extenso sin separación real de poderes.   De 170 países, Venezuela se encuentra en el puesto 160,  Argentina en el 100 mientras que Perú se encuentra en el lugar 83. Costa Rica por su parte y a pesar de los grandes casos públicos de corrupción recientes se encuentra en el lugar 43.

Una de los asunciones claves del socialismo y populismo es confiar que un gobierno con diferentes actores es en sí, un gobierno diferente, menos corrupto y más eficaz para combatir los problemas sociales.

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Pareciera ser entonces que un gobierno, a pesar de sus intenciones socialistas y de igualdad de clases,  al ser más grande y con  mayor poder es un gobierno con mayor capacidad de corrupción. La corrupción es una de las mayores causantes de la inequidad en la distribución de riqueza que existe y se debe por lo tanto atacar a partir de la disminución del poder y del tamaño estatal.  Esta inequidad comienza cuando algunos tienen poder y otros no lo poseen, independiente de que partido político e ideología este ocupando el cargo presidencial en el momento. La historia ha sido clara al ilustrar que en cualquier tipo de gobierno, la corrupción incrementa al existir un mayor control y presencia del Estado.

En relación a lograr una mejor distribución de la riqueza, el FA propone gravar más fuertemente a los grandes contribuyentes y productores del país, para así utilizar estos fondos adicionales –entre otras cosas- para programas de gobierno. Nuevamente parece un escenario óptimo y progresista, pero que en la práctica genera efectos empobrecedores para la población.

Mayores impuestos y cargas significan mayor costo para los productores y esto a su vez, inflación. Poniendo como ejemplo Dos Pinos, fabricante de productos lácteos y derivados de todas las clases y de los cuales dependen muchos costarricenses para obtener productos básicos de alimentación;  un aumento del 5% o 10% en su carga impositiva se traduce automáticamente en un aumento en sus costos y por ende en el precio de sus productos. Esto porque  los impuestos a nivel general son regresivos debido a que son casi siempre, pasados de manera directa al consumidor. El único contrapeso a esto es la competencia que limita a las empresas a incrementar el precio de sus productos debido a la guerra de precios. Sin embargo los mismos propulsores de estas medidas impositivas, ven en la entrada de productos importados para competir con la producción nacional (por medio de tratados de libre comercio) un mal para la autonomía productiva del país. En ese escenario entonces, el consumidor se queda sin opciones y la inflación crece de manera proporcional al aumento en los impuestos aplicados a estas empresas. El efecto de esto es empobrecimiento; se le cobra al rico el cual le pasa la factura al pobre. Completamente contrario a lo que se quería obtener.

En el escenario en que el productor no pueda incrementar sus precios por razones regulatorias o de competencia, este buscará bajar sus costos de producción de otras maneras, teniendo entonces –entre otras cosas- que disminuir su planilla  para así equilibrar la estructura de costos. Esto genera desempleo.  El efecto de este desempleo se siente en el bolsillo del estado que deja de recibir tributos como aportes a la Caja y al Régimen de Pensiones así como impuesto sobre la renta, por parte de los empleados que salen del mercado laboral.  El efecto de una medida como esta podría ser entonces neutro o inclusive negativo para las finanzas del Estado. Nuevamente, la intención es buena, el efecto real no lo es.

En relación a lograr una mejor distribución de la riqueza, el FA propone gravar más fuertemente a los grandes contribuyentes y productores del país, para así utilizar estos fondos adicionales –entre otras cosas- para programas de gobierno. Nuevamente parece un escenario óptimo y progresista, pero que en la práctica genera efectos empobrecedores para la población

Probablemente intentando contrarrestar lo anterior, el plan de gobierno del FA indica que se regulara el precio de los productos “esenciales” y de la canasta básica. Esto genera un obvio desinterés por parte las empresas de producir productos que no les genera ganancias o las mismas no son suficientemente atractivas para compensar el riesgo de capital. Los efectos de una medida como la anterior son dos, escasez y nuevamente desempleo.

A su vez, al tratarse de productos “esenciales” hay que ser sumamente precavidos para evitar que las empresas que los producen o importen pierdan el interés de hacerlo dejando a la población sin acceso a los mismos.  En Venezuela el efecto de esto ha sido nefasto, y según datos del Nuevo Herald, Venezuela en el 2014 “está a las puertas de ingresar en un período de vacas flacas sin precedentes en su historia moderna” . Ya sabemos de las historias de la falta de papel higiénico, no hay que hablar más.

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Nuevamente estamos hablando de hacer sentir a los pobres más pobres y mientras llevamos al resto de la población a esa pobreza. El contrabando de productos en escases sería el otro efecto que una medida como la anterior causaría, creando a su vez una desigualdad social aún mayor.  El interés del gobierno de proteger a la población tiene un efecto contrario ya que medias como estas crean un detrimento en su calidad de vida.

En Argentina y en Venezuela, el efecto de medidas como las anteriores ha sido la súper inflación (Argentina alcanza para el año 2013 26.9% según los analistas mientras que Venezuela el 56.2%), trayendo a la miseria a muchos argentinos y venezolanos que ahora tienen un poder adquisitivo menor y el cuál disminuye día con día. Recordemos que la inflación es el conocido “Impuesto a los Pobres” debido a que afecta más fuertemente a aquellos con menor ingreso. ¿Es entonces cuando me pregunto si un partido que busca la mejora de las clases sociales más bajas no está entonces apuntando a modelos que las afectarían mayormente?

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Algo que el Partido Acción Ciudadana y  el Frente Amplio apelan es a la búsqueda de mejoras para el “sector productivo del país”; entre otras reformas asegurar la “soberanía alimentaria”.  Esto es, usar dineros del gobierno para solventar los costos de producción del agricultor nacional a la vez que se cancelan virtualmente los Tratados de Libre Comercio existentes. Este tipo de medidas trae dos consecuencias graves; la primera es que seguiríamos bajo el modelo mal gastado del paternalismo, en donde los gobiernos toman una industria y solventan las necesidades de esta; ya sea comprando cultivos o subsidiando la producción (o ambas), eliminando así cualquier incentivo para la eficiencia debido a que el productor recibe fondos para solventar sus problemas de costos o su producción es comprada por el gobierno a casi cualquier precio.  En términos generales, se trata de que todos los costarricenses paguemos el costo de producción de la industria privada. Hay que recordar que muchos de estos agricultores no son pequeños finqueros, son grandes corporaciones y asociaciones que no distribuyen su riqueza a las comunidades donde desempeñan su producción. Muchos de los empleados de estas “fincas” son mal pagados y no se les cumplen las condiciones mínimas de empleo. La desigualdad se evidencia también cuando en las zonas de alta producción las comunidades aledañas son lugares olvidados y con poco acceso al desarrollo. ¿Para qué entonces queremos subsidiar estas industrias?

¿Para qué entonces queremos volver a subsidiar lácteos, arroz y cerdo?  ¿Queremos todos los costarricenses pagar la factura para que unos cuantos grupos se beneficien?

Por años, los gobiernos modernos y eficientes han buscado alternativas para evitar sustentar producción de cultivos seleccionados y la Organización Mundial del Comercio impone reglas claras al respecto. El Frente Amplio y el PAC desean continuar con estos modelos económicos malgastados y que nunca han conseguido traer beneficios a la amplitud de la población nacional.  Ejemplo de esto está en el Estado Benefactor de los años 80 el cuál fracasó profundamente.

El segundo efecto de estas políticas es el que tendría una eventual re negociación de los TLC para los exportadores. ¿Vale la pena tomar una industria y subsidiarla a la vez que se le elimina la competencia de productos importados  para maltratar muchas otras más y que vienen en crecimiento? Según COMEX las exportaciones de Costa Rica crecieron en un 1.4% entre los cuales destaca el crecimiento de un 12% en la industria de papel y cartón junto con las exportaciones de productos plástico las cuales crecieron en un 7.8%.  Estas industrias emplean a muchos costarricenses de todas las clases sociales, incluidas esas que el FA y el PAC intentan representar. No menciono el dinamismo del sector de servicios y alta tecnología, el cual logro  emancipar el mal año que tuvo la industria cafetalera, heredera de la burguesía antaña de Costa Rica.

COMEX señala que en aires de incertidumbre en los mercados internacionales, Costa Rica ha tenido un comportamiento muy positivo y saludable en relación a su balanza comercial. ¿Nos tenemos que plantear entonces porque se busca regresar a modelos antiguos de producción cuando parece ser que Costa Rica va avanzando hacia el futuro en términos de su modelo productivo? Solo en el año pasado las exportaciones a Malasia crecieron en un 29% y a China en un 19.7%;  poniendo en manifiesto  nuestra capacidad de producción y el dinamismo en nuestra cartera de clientes comerciales.  ¿Para qué entonces queremos volver a subsidiar lácteos, arroz y cerdo?  ¿Queremos todos los costarricenses pagar la factura para que unos cuantos grupos se beneficien?

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El último gran pilar fuerte que tienen las políticas socialistas del Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana -y el cual es incompatible para muchos costarricenses- es el paternalismo que ambas agrupaciones tienen a los sindicatos y el sector público del país.  Mucho se le debe a estas agrupaciones por las luchas sociales llevadas a cabo en el Sigo XX y que lograron–entre otras cosas- el código de Trabajo, el Salario Mínimo, la equidad de género, entre otros.

Este norte de lucha social y búsqueda del bienestar colectivo se desvirtuó y muchas de estas agrupaciones son en sí una cuna de corrupción y parece ser que lo único que buscan es bienestar propio y de los suyos, sin considerar el efecto que esto tiene para la sociedad costarricense. Son una nueva clase de burguesía a la cual no se puede entrar si no se es parte de ese círculo inamovible  y que  busca arrancar del gobierno y de los costarricenses cuanto se pueda y de manera legal; debido a que todo lo han logrado por medio de acuerdos y negociaciones con el gobierno de turno –no sin antes recurrir a las manifestaciones cuando sus peticiones no son acatadas al pie de la letra-.  Incontables convenciones colectivas, salarios  desproporcionales en relación a lo que el puesto amerita, dietas y sobre dietas, así como bonos por antigüedad y por grado académico (sea este o no necesario en su función), son parte de los beneficios que el sector goza y que separa a la población en dos; los que son parte de este grupo y los que no y tienen que trabajar sin esa serie de beneficios y garantías patrocinadas por el resto de los ciudadanos.

Tomando solamente Japdeva como ejemplo, se ha puesto en evidencia como los sindicatos se apoderan virtualmente de los bienes públicos, poniéndolos a operar de la manera que les sea más beneficiosa a ellos y no para el resto de la población. Solamente en el año 2013, el costo total de las convenciones colectivas de Japdeva superaba los 1,300 millones de colones, o el 4% de las utilidades brutas del puerto. Esto quiere decir que un grupo de trabajadores se deja el 4% de los ingresos por el uso  de la infraestructura del Estado, entiéndase por el uso de mi infraestructura y de la suya. No son más bien estos los “ricos” a los cuales deberíamos buscar gravar con mayores impuestos? ¿O más fácil, eliminar sus beneficios los cuales los pagamos todos los costarricenses? ¿Qué beneficio ha traído a la provincia de Limón, desde 1966, esa inyección de capital en manos de estos funcionarios?

Solamente en el año 2013, el costo total de las convenciones colectivas de Japdeva superaba los 1,300 millones de colones, o el 4% de las utilidades brutas del puerto.

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El Frente Amplio ha sido vocal en derrocar el contrato de APM Terminals el cual trae competencia para Japdeva y a la vez trabajo, tan necesario, para la región.  Es un hecho que el sindicato no quiere que las reglas del juego se le cambien, y estarían complacidos de que los costarricenses sigamos pagando la factura; pero es entonces cuando tenemos que preguntarnos si queremos seguir con el modelo paternalista o debemos más bien buscar avanzar hacia el futuro?  ¿Cuánto más podemos la sociedad costarricense acarrear con estos sindicatos y sus peticiones desproporcionadas? Mientras partidos como el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana estén en el poder, tendremos facturas más grandes que pagar mientras se nos hace creer que defienden los derechos del pueblo trabajador.  Olvidan que el pueblo trabajador también somos todos los demás.

Es por esta y muchas otras razones que me niego a creer en el cuento populista que se canta en la acera del Frente Amplio y del Partido Acción Ciudadana. Es fácil dejarse llevar por la utopía que proyectan pero se tiene que pensar muy bien en el efecto real de sus propuestas. Solamente la educación, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo pueden seguir sacando a Costa Rica adelante. Esperemos que Costa Rica tome una decisión tomando  en cuenta todo el panorama que corresponde y no solo el frenesí de un cambio inmediato.

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